Celaya, Gto. 14 de abril del 2026.-Mientras en distintas colonias del municipio se ha vuelto cada vez más común ver patrullas estatales resguardando negocios, autoridades municipales aseguran que dichas acciones corresponden a operativos del Estado, deslindándose de cualquier intervención directa o conocimiento previo de los casos.
De acuerdo con el director de Seguridad Pública, estas labores forman parte de estrategias estatales, por lo que la corporación municipal no participa ni tiene injerencia en dichos despliegues.
En este contexto, la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado informó que, desde el inicio de la actual administración, se han evitado pagos por extorsión que ascienden a 87.8 millones de pesos, además de la atención de mil 948 asuntos relacionados con este delito.
Las cifras, presentadas como resultado de las acciones del escuadrón antiextorsión, apuntan a una estrategia que, en papel, busca contener uno de los delitos que más afectan al sector comercial.
Sin embargo, en el terreno, donde las cortinas permanecen abajo y las patrullas ya no están, los números conviven con otra realidad que no siempre se puede medir en estadísticas.
El tema cobró mayor relevancia tras el asesinato de un comerciante el pasado domingo en la avenida El Sauz, hecho que ocurrió en una zona donde, según testimonios, durante al menos dos semanas hubo presencia de unidades del escuadrón antiextorsión.
Sobre este caso, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Muñoz Huitrón, señaló que no existía registro de denuncias o antecedentes por extorsión en la Policía Municipal. Indicó que será la Fiscalía General del Estado la encargada de esclarecer los hechos conforme avancen las investigaciones.
“No tenemos conocimiento de algún caso en particular”, declaró, al tiempo que reiteró que la presencia del escuadrón responde a labores propias de vigilancia y atención en distintas zonas del municipio.
Sin embargo, versiones difundidas en redes sociales apuntan a que la víctima habría denunciado previamente un intento de cobro de piso, lo que habría derivado en la presencia de unidades estatales en el lugar.
Tras el homicidio, no solo el negocio del comerciante permanece cerrado, sino también otros establecimientos cercanos, en una escena que refleja más incertidumbre que respuestas.
Esto ocurre en un contexto donde, de manera periódica, autoridades informan una disminución en los casos de extorsión, atribuyéndolo principalmente a la cultura de la denuncia.
Aun así, la imagen que queda en algunas zonas del municipio es difícil de ignorar: patrullas apostadas durante días, comercios que bajan cortinas y, después, silencio.
La pregunta, inevitablemente, queda en el aire.
